Prevén una catarata de nuevos juicios contra Argentina por la deuda

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nuevatribuna.es
Javier M. González
@jgonzalezok

La desconfianza impulsa la subida del dólar, que llegó a un nuevo récord

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El que fuera secretario de Finanzas de Néstor Kirchner, Guillermo Nielsen -uno de los arquitectos de los acuerdos para refinanciar la deuda en el 2005-, pronosticó que se viene una catarata de juicios contra el Estado argentino que probablemente volverá a perder. Y considera que se va a formar una nueva generación de holdouts –a los que el gobierno gusta calificar de fondos buitre- que no va a aceptar las nuevas condiciones que ofrece Argentina.

En declaraciones a InfobaeTV, Guillermo Nielsen fue muy crítico con la estrategia elegida por el gobierno argentino, señalando que no hubo una diplomacia financiera que evitara llegar a esta situación. “El gobierno no tiene vocación de resolver esto y lo deja para el gobierno entrante”, añadió.

El gobierno de Cristina Fernández anunció este martes un proyecto de ley que propone cambiar la jurisdicción de pago de los bonos de la deuda reestructurada, de Nueva York a Buenos Aires; descarta al Bank of New York Mellon como agente de pago para los bonos bajo legislación de Nueva York; y abre un nuevo proceso de canje para losfondos buitre, que le ganaron todos los juicios a la Argentina, y a los que ofrece las mismas condiciones que a los reestructurados. Según el ministro de Economía, Axel Kicillof, conseguirían un 300% de ganancia, pero ignora que en los tribunales consiguieron mucho más.

Argentina intenta de esta forma salir de la suspensión de pagos en la que entró el pasado 30 de junio, cuando el juez de Nueva York Thomas Griesa, que falló a favor de los fondos buitre, congeló el pago de los intereses a los bonistas que aceptaron el canje, a menos que se pague a todos. El nuevo proyecto del gobierno comenzará a ser discutido en el Senado la próxima semana y se pretende que sea una realidad antes del 30 de septiembre, fecha del nuevo vencimiento de intereses para los bonistas que aceptaron el canje. En la oposición, las opiniones están divididas sobre el voto.

El nuevo proyecto de ley deja claro que Argentina abandona la estrategia de esperar a enero del 2015, cuando queda sin efecto la llamada cláusula RUFO, que garantiza a los bonistas que aceptaron el canje en 2005 y 2010 que nadie recibiría mejores condiciones que las pactadas entonces. Durante semanas se pensó que el gobierno daría largas hasta entonces para regularizar los pagos a los fondos buitre a partir de enero, sin tener que igualar la oferta a quienes tienen bonos reestructurados.

Para el gobierno argentino, su propuesta no implica un cambio en las reglas del juego y sí asegurar el pago de los intereses a los bonistas que confiaron en el país y aceptaron reestructurar sus bonos. Un cambio en las reglas de juego permite a los acreedores invocar una cláusula que les permitiría recuperar su inversión de forma anticipada. Según el ministro de Economía, Axel Kicillof, el gobierno está dispuesto a considerar los cambios que se propongan en la discusión parlamentaria, así como alternativas que puedan ofrecer tanto el juez Griesa como los bonistas afectados. Pero los analistas son muy escépticos sobre la oferta argentina. Significaría perder la protección que le ofrece los tribunales de Nueva York.

Kicillof también dijo que el gobierno tiene la información de que los fondos buitretambién tienen bonos reestructurados y que estarían tratando de acelerar el cobro anticipado, para lo cual tienen que reunir un porcentaje del 25 %.

Uno de los fondos buitre, Aurelius Capital, hizo público un comunicado en el que afirma que “los líderes de Argentina, literalmente, han elegido ser bandidos. Crónicamente han desobedecido fallos de las cortes de EEUU, mentido a nuestras cortes, y proclamaron un completo desdén por nuestras cortes”.

La estrategia del gobierno argentino sigue insistiendo en las descalificaciones al juezGriesa y su fallo. Kicillof lo calificó de “ciego, inexplicable, extravagante e injusto”, además de ser de imposible cumplimiento. “Si buscan acelerar los pagos de la deuda, los estamos esperando”, dijo también Kicillof, en una actitud que recuerda al general Galtieri en 1982, cuando desafiaba a la flota británica, camino de las islas Malvinas.

El gobierno, al mismo tiempo, insiste en negar la gravedad de la situación. No obstante, hay un dato del discurso de la presidente, en el que anunció el proyecto de ley, que pone de relieve que el gobierno es consciente del estado del caso. UnaCristina Fernández habitualmente segura y desafiante, confesó: “Estoy un poco nerviosa, discúlpenme, suelo tener más aplomo, pero siento que estamos viviendo una injusticia contra la Argentina”.

El desacato al fallo del juez Griesa aleja cada vez más el horizonte de la normalización de las relaciones de Argentina con los mercados internacionales, en un momento en que es cada vez más perentoria la necesidad de financiación externa. Entretanto, el dólar sigue subiendo, tanto el oficial como el paralelo, con una brecha que ya supera el 62%. En lo que va de año, la cotización oficial del peso ya se depreció un 21%, con microdevaluaciones que disfrazan la posición oficial de no devaluar. La moneda argentina ha sido una de las que más valor ha perdido en el mundo en lo que va de 2014, después de las de Ghana y Ucrania.

Los datos sobre pérdidas de empleo en el sector privado son cada vez peores, aunque en parte se compensan con la contratación de miles de personas en el Estado. Y el déficit fiscal está fuera de control, con más del 4 % del PIB. Esto supone un crecimiento del 120 % respecto al año pasado. El gobierno aumenta los subsidios, que significan una parte fundamental en los gastos del Estado, y no tiene otra forma de financiación que no sea la emisión monetaria, alimentando la inflación.

La evidente pérdida del valor adquisitivo de los salarios ha llevado a los sindicatos opositores a plantear una huelga el próximo día 28, la segunda del año, después de la del 10 de abril. Entre otros reclamos, pedirán la reapertura de las negociaciones salariales, a pesar de que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo fueron firmados hace menos de seis meses.

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