Reformas en caliente y amenazas híbridas

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Por Carlos Ardila Espinosa

@carlosardila10

En este mes de septiembre que aún no termina se presentó una seguidilla de hechos lamentables que hoy tienen a la Fuerza Pública con su imagen notoriamente afectada, y a un enorme sector de la sociedad y de la política reclamando por “reformas estructurales” para evitar el mal uso de la fuerza por parte del estado.

Pero a pesar de la vehemencia de la solicitud, hasta el momento no conocemos cuál sería el contenido de dicha reforma estructural, ni sus alcances ni límites, ni mucho menos quiénes son los llamados a formularla. Más importante aún: Ni siquiera están totalmente esclarecidos los hechos que dan lugar a la ansiosa solicitud de transformación de la fuerza pública, por lo que difícilmente tenemos un diagnóstico confiable para acertar en la elaboración de las nuevas medidas que reclaman algunos sectores políticos, que a decir verdad, le hacen un flaco favor a la provisión del bien público de la seguridad ciudadana cuando se muestran implacables y rigurosos con las instituciones públicas, pero bastante flexibles con la criminalidad. Es algo tan inconveniente como los que desde la otra orilla no admiten reparo alguno a la actuación de la Fuerza Pública y se esfuerzan en descalificar a todo aquel que sugiere cambios, reformas o correctivos hasta llegar al extremo de graduarlos de “enemigos de la fuerza” o “aliados del terrorismo”

Retomando nuestro tema, no sabemos, por ejemplo, cuáles fueron las circunstancias puntuales por las que fueron disparadas 37 armas de fuego de la policía la noche del 9 de septiembre. Probablemente varias fueron disparadas injustificadamente y ello habrá que sancionarlo, pero muy probablemente varias fueron usadas conforme a la ley. Todo ello está por esclarecerse y sólo después de esclarecido es que se pueden determinar las lecciones aprendidas y los cursos de acción en materia judicial, disciplinaria y de política pública. Más aún, sólo en la medida en que se esclarezcan los hechos bajo un debido proceso es que se protegen efectivamente los derechos humanos, tanto de civiles como de militares y policías. Pero a pesar de esto, en la mañana del 10 de septiembre ya teníamos declaraciones anticipadas de responsabilidad por parte de mandatarios locales y solicitudes de “reforma integral ya”.

Se trata entonces de una reforma en caliente, de un pronunciamiento político impulsivo que responde a la inmediatez de los trinos y a las imágenes impactantes que hemos visto, pero que desconoce un principio básico de la formulación de políticas públicas como lo es el de diagnosticar ecuánime y acertadamente el problema público antes de arrojarse a aventuras reformistas, y desconoce la estructura y funcionamiento de nuestra fuerza pública así como los planes de mejoramiento que tiene en marcha desde tiempo atrás.

Hoy sabemos que las circunstancias que atravesaron los policías no justifican ningún desafuero, pero tampoco fueron fáciles y en casos puntuales sí autorizaban al uso de la fuerza incluso letal, pues los policías también fueron heridos de bala o con armas blancas, otros fueron linchados, amenazados con ser quemados vivos o agredidos de múltiples formas que no están jurídicamente obligados a soportar.  El saldo fue de 61 policías heridos la noche del 9 de septiembre, 151 el 10 de septiembre, 62 el día 11, y 11 heridos el día 12 de septiembre (El Tiempo, 18 de septiembre 2020).

De manera que no solo hubo protesta social en esas noches, sino también actos premeditados y coordinados de agresión directa y potencialmente letal contra los policías, con participación de las células urbanas del ELN y otros grupos radicales, que esperaban y seguirán esperando cualquier pretexto para infiltrar las protestas y atacar a nuestra Fuerza Pública, cuando no es que maquinan atentados infames contra estudiantes como el de la escuela de cadetes.

Tener en cuenta lo anterior es fundamental para evaluar si es necesaria o no una reforma y en qué términos. Por supuesto, no hay vía distinta a la de respetar los derechos humanos en el cumplimiento de las misiones y operaciones.  Pero si sabemos que la situación no se puede explicar únicamente como el desafuero de toda una institución de 160 mil personas, ni tampoco como el caso de unas cuantas manzanas podridas, sino que debemos considerar variables como el crimen organizado, el terrorismo de los grupos insurgentes y radicalizados, así como otros elementos de información y desinformación propios de las amenazas híbridas que por estos días están muy activas y sincronizadas a nivel global, tendríamos que concluir que las reformas edulcoradas y en caliente son una apuesta muy arriesgada, y que si acaso es necesaria una reforma la debemos plantear con cabeza fría, con la información decantada, agotando el debido proceso y de cara a un panorama operacional híbrido en el que los ataques no son sólo de tipo bélico sino preponderantemente discursivos.

Con esto volvemos a un punto inicial: Si las amenazas híbridas abonan el terreno discursivo antes que el militar, flaco favor le hacen a la seguridad ciudadana los que tienen un discurso implacable y perentorio frente a las instituciones públicas, pero flexible y hasta romántico frente a la criminalidad, al igual que quienes pierden la batalla discursiva al desconocer la importancia de correcciones puntuales.  Ambas partes, aunque sean antagonistas, abren la puerta a las aventuras reformistas en caliente.

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