¿Sin subsidio a los servicios públicos?

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Por: Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto legislativo número 580 de 15 de abril de 2020, «Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», expedido con motivo de la CoViD-19 provocada por el SARS-CoV-2.

El decreto, entre otros temas, facultaba a los alcaldes para aplicar subsidios sobre el costo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo hasta por un 80%, un 50% y un 40% para los estratos 1, 2 y 3, respectivamente, un asunto que afecta la seguridad nacional.

¿Qué ocurrió? La Corte arguyó que si bien el decreto fue dictado y promulgado «dentro del término de vigencia del estado de excepción y se encuentra brevemente motivado con las razones y causas que justificaron su expedición; dicha norma, aun cuando lleva la firma del Presidente de la República, no fue suscrita por todos los ministros del despacho, como bien puede corroborarse a partir de una simple revisión de su contenido publicado en el Diario Oficial No. 51.286 del 15 de abril de 2020».

Y, ¿quiénes no firmaron? Faltaron las firmas de los ministros de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres Torres, «sin que, por lo demás –dice la Corte-, al proceso se haya allegado algún tipo de justificación que permita explicar su ausencia, incapacidad o impedimento para conocer o suscribir el entonces Proyecto de Decreto Legislativo».

Pero, este insólito olvido no termina aquí. La señora Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, por lealtad procesal, en concepto emitido por ella escribió: primero, «A pesar de llevar la firma del presidente de la República, no fue firmado por todos los ministros del despacho». Y, finalmente, le pidió a la Corte: «respetuosamente declarar la inexequibilidad».

Por tanto, cabe preguntar: ¿dónde queda el principio de la Unidad de la Administración? ¿Quién debía evaluar y verificar la completitud del decreto legislativo número 580? ¿Cómo es posible que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se haya visto obligada tener que solicitar la inexequibilidad del decreto?

Y, para concluir, se me ocurre agregar otra pregunta, ¿no era acaso la Secretaría Jurídica la competente para la revisión de fondo y de forma del proyecto de decreto?

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